“Velar por la integridad física y psíquica de los trabajadores y trabajadoras”

La subsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara, destacó los avances realizados por el Gobierno en materia de ambientes laborales protegidos. Afirmó, de hecho, que la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido un paso fundamental para construir, de forma participativa, la “cultura preventiva que el país necesita, a fin de garantizar lugares de trabajo seguros y saludables, poniendo al centro el velar por la integridad física y psíquica de los trabajadores y trabajadoras”.

Cumplir con un largo anhelo del mundo sindical fue lo que recogió la Presidenta Michelle Bachelet, quien tras la ratificación, por parte de Chile, del Convenio 187 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), consagró en su programa de gobierno el compromiso de implementar la Política de Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, incorporando activamente a los actores sociales y modernizando a los actores sociales y modernizando la institucionalidad laboral.

Y este trabajo, que ha sido encabezado por la Subsecretaría de Previsión Social, ha tenido como sello el tripartismo con arraigo en la base social territorial. Así, fueron convocados trabajadores, empleadores y entidades estatales de cada una de las regiones del país, para el diseño y implementación de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Mediante un proceso amplio de dialogo social, se buscó consensuar un diagnóstico común y comprometer las medidas específicas de todos los actores para avanzar  en la construcción de la referida cultura de prevención, que controle y reduzca los riesgos laborales en el país.

Actualmente se desarrolla la tercera fase de implementación, consistente en la construcción del Programa Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, también tripartito y en base a las consultas regionales. En esta instancia se determinarán las medidas concretas que permitirán alcanzar al año 2020 la reducción de las tasas de accidentes del trabajo, que mejorarán la inclusión laboral y el enfoque de género, y que avanzarán en el cumplimiento de los necesarios cambios normativos, entre otros compromisos concretos que nacen de este diálogo social.

Cambios en curso

En conjunto con el proceso de construcción tripartita se han verificado avances concretos, aun cuando la implementación del Convenio 187 no ha concluido.

En efecto, la Subsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara, destacó como eje emblemático el cumplimiento del principio de la universalidad e inclusión consagrado en la Política Nacional, que orienta e eliminar toda discriminación en el desarrollo de acciones y programas bajo su aplicación, además de asumir expresamente, dentro de los compromisos normativos, la eliminación de la distinción entre obreros y empleados en el ámbito de la seguridad y salud laboral.

Y la Presidenta Michelle Bachelet así lo anunció en su Cuenta Pública de este año: “Patrocinaremos la moción que propone eliminar la antigua y odiosa diferenciación en el Seguro de Accidentes del Trabajo, que es la distinción entre empleados y obreros”, dijo. La decisión encontró contundente respaldo tanto desde la institucionalidad como de las organizaciones sociales.

La distinción entre obreros y trabajadores empleados fue parte del Código del Trabajo hasta su eliminación en 1978; no obstante, se mantuvo para efectos previsionales, reflejándose esto último en la diferencia de trato que reciben actualmente los trabajadores respecto de las prestaciones médicas en caso de sufrir un accidente del trabajo o enfermedad profesional, dependiendo  de si en sus funciones prima el esfuerzo físico o intelectual, calificación que está obligada a realizar el Instituto de Seguridad Laboral, perjudicando principalmente a aquellos calificados como obreros.

“Hoy existe una norma que en materia previsional que discrimina arbitrariamente entre aquellos trabajadores que fundamentalmente le imprimían a su trabajo un esfuerzo físico, calificándolos de obreros, versus aquellos que implicaban un esfuerzo intelectual, definiéndolos de empleados, discriminación que no se sostiene en el actual estándar Constitucional”, dice la Subsecretaria Jeannette Jara.

Hoy se sabe que en todos los trabajos se da una combinación de ambos factores, el esfuerzo físico y el intelectual. Pero, más allá de eso, lo relevante es que todos los “trabajadores y trabajadoras deben tener acceso a los mismos derechos, que es el sello que el Gobierno de la Presidenta Bachelet ha querido impulsar” añade la autoridad.

Una vez que el proyecto sea aprobado por todas las instancias legislativas y esté en régimen, los sectores que se verán mayormente beneficiados serán las trabajadoras manipuladoras de alimentos y las de casa particular, así como las temporeras y temporeros.

Las modificaciones que plantea el proyecto de ley constituyen un precedente potente para la implementación de los demás compromisos normativos que trabajadores, empleadores y el Gobierno definieron en la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo eje principal es el desarrollo de una cultura preventiva de accidentes y enfermedades laborales, explica.

“A su vez, la referida Política nos impone el deber de orientar que el diseño  de las instituciones, sus políticas y programas de acción, sean siempre concordantes con el derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la salud y la dignidad de los trabajadores y trabajadoras” comentó Jara.

En definitiva, la eliminación de esta discriminación entre obreros y empleados, así como la aprobación de la ley que disminuye la carga que deben soportar los trabajadores -en el caso de los hombres bajo de 50 a 25 kilos-, y la aprobación de la ley que permite a los trabajadores la salida intempestiva de sus lugares de trabajo en caso de riesgo grave e inminente, son compromisos y avances concretos de la tarea desarrollada por el Gobierno en el ámbito de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y marcan el inicio de las necesarias adecuaciones que las normas deben adoptar en el futuro.

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